¿En qué consiste la Deuda Histórica que demandan los profesores? (Chile)

Comparto aquí la respuesta que se da en el boletín electrónico de la FLAPE (Foro Latinoamericano de Políticas Educativas)

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La profesión docente se constituye, para la mirada y el discurso que surge desde la sociedad, como una labor ambigua. Por una parte, existe un reconocimiento casi innato con los profesores, una valoración de este oficio intrínseca a la estructura social que los establece cono un eslabón formador fundamental. Pero, por otro lado, está ese trato peyorativo con los docentes, esa opinión popular recogida y analizada por Fernando Savater donde se sostiene que “a maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores designios, gente inepta para realizar una carrera universitaria completa y cuya posición socioeconómica ha de ser (…) necesariamente ínfima” (1997: 8).

A principios de la década del 80, en plena dictadura militar chilena, esta dualidad con respecto al trato con el magisterio queda latente. En 1980 se promulga la Ley Nº 3.551, que otorgaba a los funcionarios públicos, F.F.A.A, poder judicial y profesores un aumento en su sueldo base. Beneficio que fortalece el reconocimiento a la profesión docente tras permitir generar a los maestros un sueldo y una jubilación acorde a su desempeño profesional. Pero poco o nada dura dicho reconocimiento, ya que en junio de 1981 se da inicio al proceso de municipalización de la educación chilena que conlleva a un despido y traspaso masivo de los docentes pertenecientes a la educación estatal a un sistema municipal, dejándose de cancelar inmediatamente la Ley Nº 3.551 a los profesores.

De esta manera, surge también un proceso de degradación del ejercicio docente, estableciéndolo como una labor no profesional, que puede ser ejecutada por cualquier persona que se desempeñe en un área similar. Asimismo, el sueldo de los profesores se ve mermado y sujeto a una depreciación considerable. La imagen que se proyecta a la sociedad durante la dictadura militar de la profesión de educador es la de un oficio que puede ser llevado a cabo por cualquier persona, por lo que no tiene un valor profesional.

En la década del 90, con el inicio de la transición chilena a la democracia, se formulan los primeros acercamientos pensados en generar una revaloración del ejercicio docente y una búsqueda conjunta -profesores y Estado- por lograr una compensación económica y moral. En el año 1991 se promulga la Ley de Estatuto Docente y posteriormente, en 1996, el presidente de la Corte Suprema convoca al Ministro de Educación y al presidente del Colegio de Profesores para mediar en una posible solución. En dicha reunión el gobierno deja en manos de la justicia el problema de la deuda histórica.

Tras esto, en el año 2000, el Colegio de Profesores de Chile decide demandar al Fisco por el incumplimiento de la Ley 3.551, exigiendo una indemnización por el daño patrimonial causado. Si bien, el Poder Judicial no ha acogido de manera cabal estas demandas, existen casos particulares de profesores y profesoras que han sido beneficiados y compensados tras sus peticiones, lo que deja entrever esta ambigüedad referida a la mirada social ante el magisterio.

Durante estos años, se inicia una serie de reuniones entre el Colegio de Profesores de Chile y diversos estamentos, como la Cámara de diputados y el Senado, espacios que han reconocido abiertamente este conflicto y se han mostrado partidarios de buscar una posible solución. De la misma manera, surgen diversas manifestaciones públicas por parte del profesorado que buscan establecer la deuda histórica como un tema que merece ser analizado por todo el país.

En el mes de octubre del presente año la Ministra de Educación Mónica Jiménez sorprende a todos con sus declaraciones donde sostiene que la mencionada deuda histórica con los profesores no existe, que la postura del gobierno siempre ha sido la misma, pues nunca ha existido tal deuda. Sentencias que causaron una inmediata respuesta desde el Colegio de profesores, que convocó a un paro nacional que ya se extiende por toda una semana.

Ambas medidas -declaraciones de la ministra y paro de profesores- han generado revuelo en diversos ámbitos sociales. La Cámara de diputados y el Senado han emitido diversos comunicados en los que rechazan el proceder del Ministerio de Educación, invitando a generar instancias de diálogo en función de lograr un acuerdo en cuanto a la deuda histórica. Consecuentemente, ambos organismos han rechazado el presupuesto de educación para el próximo año, debido a que exigen incluir en una agenda real una instancia de diálogo para solucionar este problema.

Paralelamente, el paro de profesores se presenta como una acción que no ha tenido buena acogida por parte de la sociedad en general. Los diferentes medios de comunicación han hecho hincapié en abordar el paro desde una óptica crítica con los profesores, centrándose en el daño a la educación que generan con estas medidas. La posibilidad de que el año escolar se pierda o el posible daño que se produciría en los resultados de la Prueba de Selección Universitaria por parte de los estudiantes pertenecientes a establecimientos municipales son temas que las asociaciones de padres y apoderados, como también de estudiantes secundarios han utilizado para condenar públicamente el actuar de los profesores.

Este panorama en que se encuentran los profesores, donde moralmente son reconocidos pero profesionalmente son segregados y remitidos a un espacio de “segunda clase”, no es nuevo. Desde el retorno a la democracia en Chile, el operar público del profesorado se ha centrado en buscar reivindicaciones para así lograr reestablecerse y volver a posicionarse en el lugar que les corresponde.

Si bien se han dado avances notables en los últimos veinte años con respecto a las remuneraciones y beneficios de los profesores, no deja de ser un intento por levantar una profesión que se encontraba literalmente en el suelo. Los logros conseguidos por el magisterio y el Estado han paliado, en parte, el daño establecido por la dictadura militar, pero existen ejercicios que se han mantenido y que consecuentemente han generado quiebres entre el Estado chileno y los profesores, como por ejemplo, la recién promulgada Ley General de Educación. En este documento se mantiene uno de los puntos más criticados por los docentes, que hace referencia a la no profesionalización del ejercicio pedagógico, pues cualquier profesor puede ser reemplazado por alguien que haya estudiado una carrera afín, sin necesariamente ser educador.

El conflicto que se genera tras la constante búsqueda del magisterio por posicionar el ejercicio docente como una labor profesional indispensable para el desarrollo del país, es un problema actual, un ejercicio por la validación identitaria y consolidación de la profesionalización del valor de educar.



Links de artículos sobre la deuda histórica:

* http://200.27.90.155/images/stories/deudahistorica/oficioord1181del15octubre09.pdf

* http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20091013/pags/20091013194715.html

* http://www.mineduc.cl/index.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=8838

* http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=35933

* http://200.27.90.155/images/stories/deudahistorica/cartaoit3sep09.pdf

* http://200.27.90.155/images/stories/deudahistorica/cartapresidentadeudahistorica22octubre2008.pdf

* http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20091023/pags/20091023142136.html
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